No soy yo, es la ley, vino a responder el pasado viernes la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a las vedadas acusaciones de Ana Botella de permitir “demasiadas” manifestaciones. Hoy, Cifuentes ha ido un paso más allá, al añadir una reclamación a su opinión ya manifestada de que la ley es “muy permisiva y amplia” con el derecho de reunión y manifestación. Cifuentes ha pedido “modular” la ley para “racionalizar el uso del espacio público”.
En una entrevista en RNE, ha reiterado que Madrid es “una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada”, opinión que sustenta en un dato: en lo que llevamos de año se han producido “casi 2.200 concentraciones y manifestaciones” en la capital —Botella las cifró en 2.732 el viernes. En todo 2011, fueron 1.380, según los datos de la alcaldesa—.
“El tema de las movilizaciones es una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas”, ha argumentado.
Aunque ha recordado que el derecho de manifestación es constitucional “y no se necesita autorización previa” sino una comunicación a la Delegación del Gobierno, apuesta por compatibilizarlo con el derecho que tiene el resto de la población “a poder estar en una ciudad que sea habitable”. “Significa poder circular con tranquilidad, que no haya incidentes, disturbios, que no haya problemas de orden público. “Es mi objetivo y trato de conseguirlo”, ha agregado.
“Lo que quiero es abrir un debate porque cualquier modificación tiene que ser adoptada por un amplio consenso. El derecho manifestación lo recoge la Constitución es su artículo 21 y no creo que haya que cambiar la Constitución. Este derecho tiene que seguir siempre en todo caso un derecho constitucional. Estamos en una sociedad democrática y los derechos de los ciudadanos no se pueden recortar“, ha avanzado.
Sin embargo, considera que el derecho de reunión hay que “modularlo” porque la Ley Orgánica que lo recoge, de 1983, “tiene muchos años”. “Habría que modificarla, no para recortar derechos, pero sí para racionalizar el uso del espacio público.
La delegada del Gobierno en Madrid ha apuntado que la reforma debería dar a la Administración “cierto margen para modificar las horas, cambiar determinados lugares para compatibilizar el derecho de manifestación, que no hay que restringirlo en absoluto, sino para garantizar el derecho de los ciudadanos a no estar en una ciudad que en ocasiones es inhabitable”.
“La ley es muy permisiva y amplia con el derecho de manifestación y cuando la Delegación ha intentado en diversas ocasiones no prohibir sino modular este derecho cambiando itinerarios o de día una manifestación porque creíamos que podía suponer un peligro de orden público, sistemáticamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid siempre ha fallado en nuestra contra y nos ha condenado a costas”, ha recordado. En marzo, en vísperas de la huelga general, Cifuentes recibió tres varapalos consecutivos de este tribunal.
“Lo que dice la ley es que sólo se puede prohibir o modificar una manifestación cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para bienes o personas, que yo he apreciado en algunas ocasiones y en todas ellas los tribunales nos han quitado la razón“, ha proseguido.
Cifuentes ha lamentado que lo único que pueda hacer contra, por ejemplo, los cortes de tráfico que, en protesta los recortes de Mariano Rajoy a los sueldos de los funcionarios, protagonizan todos los viernes “grupos de liberados sindicales que trabajan en los ministerios que van cortando de manera indiscriminada las calles” sea “identificarlos y sancionarlos administrativamente”.
La delegada ha admitido que el grueso de las manifestaciones de estos meses han sido pacíficas y ha vuelto a avalar la actuación de la policía el 25-S. “Muchas de las actuaciones que hace la Policía Nacional son para proteger el derecho de la manifestación, no está para reprimir derechos”, ha defendido a los agentes, acusados de desmesura en su respuesta a los manifestantes.
Esta petición de Cifuentes de modificar la ley respecto al derecho a protestar se suma a la ofensiva lanzada el pasado mes de abril por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que planteó una reforma para endurecer las penas por desobediencia y resistencia a la autoridad que castigará el vandalismo callejero igual que la kale borroka.
Visto en : Dezpierta
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