Luis de Guindos
El Gobierno ha tirado definitivamente la toalla en la discusión que España mantiene con Alemania sobre la recapitalización del sistema financiero. Después del último Consejo Europeo celebrado la pasada semana en Bruselas, el Ministerio de Economía ha decidido que no hay más remedio que apelar a la Deuda Pública para habilitar un crédito extraordinario con cargo a los Presupuestos del Estado de este mismo ejercicio 2012. La operación, por importe de 60.000 millones de euros, servirá de puente para dotar al FROB y permitir que los bancos españoles puedan recibir las ayudas oficialesantes de que sea demasiado tarde.
Entre los acuerdos que estos días se negocian con la troika formada por la Comisión Europea, el BCE y el FMI se ha incluido una enmienda que es determinante para entender el marco real de actuación en el que se desarrolla el célebre rescate bancario en España. El programa de asistencia financiera solicitado el 9 de junio se ratificó un mes y medio después, el 23 de julio, con el llamado Memorándum de Entendimiento. Desde entonces han transcurrido tres meses pero, de momento, nadie ha visto todavía un euro procedente de las arcas comunitarias.
Los test de estrés realizados por Oliver Wyman han servido hasta la fecha de excelente coartada para justificar el retraso de la financiación, pero lo cierto es que, a pesar de todos los pesares, nadie en el Gobierno se atreve a poner la mano en el fuego para garantizar que los recursos vayan a llegar antes de que termine 2012. Por todo y por eso se ha impuesto la necesidad de autorizar un crédito extraordinario en el Presupuesto controlado por el ministro Luis de Guindos para habilitar al FROB con una partida que permita sofocar las necesidades inmediatas de capital de las entidades de crédito que sobreviven a duras penas bajo la tutela del Estado.
El presidente Rajoy empieza a estar curado de espanto con la compleja burocracia de Bruselas y en Moncloa no creen que el rescate bancario llegue al Reino de España hasta el próximo mes de enero. A la vista de que la recapitalización directa es imposible, el Gobierno se ha liado la manta a la cabeza y ha abierto el cajón sin fondo de la Deuda Pública para aprobar un crédito que se hará efectivo mediante la correspondiente disposición adicional al Real Decreto preparado para poner en marcha la futura Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).
El programa legislativo de reestructuración y resolución de las entidades de crédito, en el que se inscribe la puesta de largo del célebre banco malo, tiene muchos vericuetos que todavía no han sido explorados y cuyo descubrimiento se irá perfilando en las reuniones permanentes con la troika internacional que tutela desde hace meses el sector financiero español. Los 60.000 millones del crédito en cuestión definen, de manera oficial, el alcance de las ayudas que el Gobierno considera realmente indispensables para la recapitalización de los bancos.
La situación de emergencia por la que atraviesan Bankia, Caixa Catalunya y NovaGalicia exige que la mayor parte de estos recursos se necesiten antes de que el futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) esté en condiciones de rascarse el bolsillo. En el peor de los escenarios, si el impasse se prolonga ya entrado 2013, el Gobierno tiene previsto incluso que los remanentes que no se utilicen este año puedan ser incorporados al ejercicio siguiente. Un ejercicio de prudencia que viene a demostrar, por otra parte, el grado de desconfianza que hoy por hoy preside las relaciones de España con las autoridades comunitarias, empezando por los propios funcionarios de Bruselas y acabando en la canciller alemana, Ángela Merkel. Como dicen los observadores más suspicaces, no es que el Gobierno tenga miedo a quedarse colgado en Europa; es simple precaución.
Fuente: ElConfidencial
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