Crea un grupo de trabajo encabezado por Vicepresidencia para revisar y dar soluciones “más eficaces” a los desalojos por impago. Confía en llegar a un acuerdo rápido con el PSOE
La vicepresidenta del Gobierno ha admitido este viernes que ni la actual normativa sobre desahucios ni el Código de Buenas Prácticas de la banca están dando los resultados esperados y se siguen produciendo cada día en nuestro país situaciones dramáticas a costa del impago de hipotecas. En consecuencia, Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado la creación de un grupo de trabajo en el seno del Ejecutivo, que su departamento presidirá y en el que le acompañarán, por lo menos, los ministerios de Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, o Justicia.
La mesa de trabajo -que ya ha celebrado una reunión “al más alto nivel” entre los titulares de los ministerios- pretende revisar la normativa actual, el Código de Buenas Prácticas y establecer “medidas más eficaces” en este terreno. La vicepresidenta no ha querido concretar hasta dónde llegará el grupo de trabajo del Gobierno en el marco legislativo (la ley imperante data de 1909) y cuándo pretenden tener lista la reforma, aunque sí ha destacado como prioridad alcanzar un acuerdo con el PSOE que incluya también las medidas que contempla este partido y que fueron sugeridas por su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, a Mariano Rajoy en el debate parlamentario del pasado miércoles. Sáenz de Santamaría confirmó que ya se habían iniciado los contactos con los socialistas.
La intención del Ejecutivo es “analizar todas las posibilidades legales” para frenar la sangría social de los desalojos forzosos por parte de los bancos y que, según han denunciado ya en varias ocasiones distintos colectivos de jueces y fiscales, dejan completamente indefenso al deudor de la hipoteca. El real decreto aprobado por el Gobierno a principios de año -que incluía el Código de Buenas Prácticas para la banca- con la intención de proteger a los deudores sin recursos se ha demostrado inservible frente a la ley de 1909 y aunque el Ejecutivo no quiere detallar si entrará en la reforma directa de esta norma de hace más de un siglo, sí ha insistido en que analizará todas las medidas “de toda naturaleza para paliar esta situación”.
Fuente: Público
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